Diciembre, 2018.
El Gobierno aprueba el esperado anteproyecto contra la violencia infantil
¿Por qué se ha tardado tanto en poner en marcha una ley que proteja a los menores? Las asociaciones que trabajan por los derechos de los niños y adolescentes creen que es porque vivimos en una sociedad en la que creemos que protegemos a los menores, que los cuidamos y los queremos, sin ser conscientes que los menores son, sin lugar a dudas, los que más sufren la violencia en esta país.
Por encima, incluso, de las mujeres. Y así lo han demostrado una y otra vez con los datos que han conseguido recopilar por su cuenta (no hay registros) en todos los foros posibles, incluido el Congreso y el Senado y el Parlamento Europeo.
La prescripción de los delitos sexuales no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años
Hasta que al fin consiguieron arrancar en el 2016, el compromiso de hacer una ley contra la violencia infantil. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una norma que modifica 11 leyes y que incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos, los castigos físicos o el trato negligente. El objetivo es convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección y convertir a los niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
En ese nuevo catálogo de delitos cometidos contra los niños figuran los que se realizan a través de internet, como aquellos que incitan al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios. Además, el juez podrá ordenar el cierre durante la investigación de esas miles de páginas que enseñan, por ejemplo, a los niños y adolescentes a no comer (anorexia) o a devolver la comida (bulimia), o a autolesionarse.
Será delito incitar al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios
Muchas son las novedades que presenta este texto, que deberá ser debatido en el Parlamento (se espera que en febrero y que todos los partidos lo apoyen), entre ellas, el deber de todas las personas a denunciar si sospechan que un menor esta siendo víctima de cualquier tipo de violencia. “Ese deber ya existe, pero era necesario que lo recoja la ley, porque mucha gente sigue pensando que lo que ocurre en una casa con un niño forma parte de la intimidad, de la educación que se da al menor....Y en absoluto es así. Lo mismo pasaba con las mujeres a las que pegaban sus parejas, pero eso se erradicó con la ley de violencia de género. De ahí la importancia de una norma contra la violencia infantil, para que dejemos de mirar a otro lado cuando un pequeño es dañado”, explica Benjamín Ballesteros, director de programas de ANAR, entidad que desde el año 2008 lleva pidiendo una norma para proteger a los niños.
Este deber se configura de una manera más exigente para colectivos que por razón de su profesión tienen un contacto habitual con menores o llevan a cabo una función de protección, como los profesionales sanitarios, trabajadores en centros de enseñanza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,. Especialmente importante es el tema de los profesores, ya que el colegio es un “observatorio privilegiado” para ver cómo están los niños. Sin embargo, apenas un 7% de las denuncias por violencia (incluido el acoso escolar) las protagonizan estos trabajadores.
Se establece el deber de cualquier persona a comunicar una situación de riesgo o violencia
Otra novedad hace referencia a los delitos sexuales, de las víctimas silentes de un delito muy extendido (se calcula que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido abusos y agresiones sexuales en su infancia). Por un lado, se modifica el Código Penal para ampliar al fin el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores. En los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad, el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comenzará cuando la víctima cumpla los 30 años y no los 18 años, como hasta ahora, lo que ha permitido que muchos abusadores y violadores de niños hayan quedado libres porque cuando estos han podido contarlo ya eran mayores.
El anteproyecto, además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena. Además, en todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con niños y adolescentes.
Los condenados por agresiones sexuales a menores no podrán acceder a permisos penitenciarios
La norma recoge también una de las demandas más exigidas por las organizaciones en defensa de la infancia, la prueba preconstituidas. Es decir, se obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba que se realizó inicialmente para que no tengan que volver los niños a pasar de nuevo por el mismo proceso de recuerdo durante el enjuiciamiento. Las organizaciones, sin embargo, pedían esta prueba para los menores de 16 años, pero el anteproyecto fija los 14. Además, se deja en manos del representante legal o el Ministerio Fiscal la decisión sobre si un menor debe o no declarar en un juicio y obliga a comparecer en el juzgado a los testigos que sean familiares de la víctima menor de edad (hasta ahora estaban dispensadas). La explicación es que en muchas ocasiones esos menores son testigos directos de la violencia ejercida.
Al igual que en la ley de violencia de género, entre las nuevas medidas también se incluye la obligatoriedad de formación inicial y continuada en materia de derechos de los niños y sobre violencia infantil para jueces y magistrados, fiscales, abogados y funcionarios judiciales. También que las Fuerzas y Seguridad contarán con unidades especializadas en violencia sobre los menores.
Los internos condenados por este tipo de delitos tendrán que asistir a programas específicos de formación en estos temas con el fin de evitar su reincidencia.
