Un estudio publicado en la revista Dilemas, realizado por investigadores de la Universidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia) y de la Universidad de Granada (España), analiza los riesgos a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos que migran a Colombia. El estudio evalúa 21 entrevistas a 14 organizaciones de acción humanitaria (OAH) y a 7 gobiernos locales.
Desde 2014, Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, política y social que ha llevado a casi 8 millones de personas a salir del país. Colombia, con un desempleo del 9,3% y una tasa de pobreza del 42,5%, es uno de los países que más migrantes venezolanos ha recibido: 2,9 millones hasta 2023. El estatus migratorio y la situación socioeconómica convierten a los NNA en un colectivo especialmente vulnerable.
Colombia tiene una amplia legislación en materia de protección de la infancia (art. 44 de la Constitución, ratificación de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y de los Convenios 5, 138 y 182 sobre trabajo infantil). Al ser una república descentralizada, son las administraciones departamentales y locales las que implementan las políticas públicas. Las OAH complementan la labor del Estado.
Los NNA migrantes venezolanos enfrentan múltiples peligros. Según el estudio, la existencia de grupos armados ilegales en la frontera implica que los NNA pueden sufrir situaciones extremas durante el viaje, como reclutamiento forzado, exposición a minas antipersona o explosivos, ocasionando graves daños físicos o la muerte. Una vez establecidos, y en función de su situación familiar y personal, los NNA pueden ser obligados a trabajar en actividades ilegales, como el robo o la venta de drogas, ser explotados sexualmente, obligados a mendigar o sufrir explotación laboral. Por otro lado, en función de la localidad de acogida, pueden padecer xenofobia y discriminación, sensación de desarraigo y desprotección.
Las entrevistas constatan la necesidad de establecer medidas articuladas entre la sociedad civil, el gobierno, las personas colombianas y migrantes, con el fin de proteger a la infancia migrante. Según los entrevistados, los NNA migrantes están más expuestos a sufrir riesgos en los departamentos fronterizos como consecuencia del conflicto armado, mientras que en las grandes ciudades interiores se enfrentan más a las consecuencias de la desigualdad social. Por tanto, el estudio sugiere a los tomadores de decisión locales y nacionales tener en cuenta esta diferencia como una prioridad.
El estudio señala también las particularidades propias de cada actor: mientras las OAH trabajan en materia de empoderamiento femenino y de creación de espacios de acompañamiento para los migrantes recién llegados, los gobiernos locales priorizan el establecimiento de rutas de atención y apoyo jurídico para la regularización del estatus migratorio.
No obstante, ambos comparten la preocupación por crear mecanismos de protección diferenciales entre adolescentes y menores de primera infancia, aunque enfatizando aspectos diferentes. Los gobiernos locales consideran necesarios mecanismos de protección diferenciales para niños, niñas y adolescentes en tránsito, un enfoque diferencial de género y tener en cuenta las diferencias culturales venezolanas. Las OAH piden mecanismos de protección diferenciales para infancia indígena y menores no acompañados.
Por tanto, el estudio diagnostica la necesidad de políticas públicas y acciones de prevención y protección de NNA con un enfoque diferencial, para una intervención más personalizada e interseccional. Así mismo, mantiene como desafío desentrañar los momentos, lugares y responsables de los riesgos que enfrentan los NNA migrantes.
Revista Dilemas: Riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Colombia: un análisis desde discursos institucionales
