Prevenir es anticiparse para evitar que se produzca la violencia, el maltrato y la vulneración de los derechos humanos; es legislar, educar y actuar. Por eso, uno de nuestros objetivos principales es favorecer políticas públicas y programas gubernamentales de prevención de abusos, así como implicarnos en la incidencia política para el cumplimiento de estos.
Apoyamos y promovemos legislación que elimine cualquier práctica que ponga en peligro la integridad, física y psíquica, de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Para ello presentamos enmiendas, elaboramos informes y aportamos herramientas para optimizar el trabajo de las Admininstraciones Públicas en programas de prevención y tratamiento de problemáticas sociales.
Buscamos erradicar aquellas acciones que atenten contra la dignidad, la autonomía y el respeto de los derechos fundamentales de los individuos y grupos más desprotegidos. y que favorezcan la mejor protección
Especialmente la ejercida contra la infancia, las mujeres y la tercera edad, la prevención de la violencia interpersonal es una de nuestras principales áreas de actuación.
La ciencia muestra que la violencia y la victimización violenta a menudo se superponen. Presenciar actos violentos puede estar, por ejemplo, relacionado con la perpetración del bullying, pero también con ser víctima de estas conductas.
La exposición a la violencia, también aquella que es aprobada o autorizada por la sociedad, puede tener un impacto perjudicial en sus miembros, que acaban por normalizarla. El riesgo de un impacto negativo aumenta con la exposición a distintas formas de violencia y también a repetidos episodios de abusos.
La literatura científica muestra que cuanto más apoya una sociedad el uso de la violencia para alcanzar fines considerados legítimos, mayor es la probabilidad de que esta se traslade a otras esferas (teoría del Derrame Cultural de la violencia de Baron y Straus). Es decir, la violencia en un ámbito específico, como el castigo corporal o los deportes violentos, puede filtrarse o extenderse a otros dominios.
Las normas sociales, valores y creencias que toleran o trivializan el uso de la violencia - a menudo consagradas en las políticas públicas y leyes estatales, crean un marco legitimador para la conducta agresiva que hace más probable que se justifiquen otras formas de abuso.
Nuestras propuestas se dirigen a favorecer una protección integral de las víctimas de la violencia, teniendo en cuenta la diversidad de manifestaciones y expresiones en las que se manifiesta la violencia y las concretas circunstancias y factores que influyen en la persona que la padece. Por ello, promovemos cambios legislativos, políticas y recursos, y ofrecemos orientación especializada en casos, siempre desde esa perspectiva de protección integral.
Un gran número de estudios ha demostrado la relación entre violencia hacia los animales y violencia interpersonal. Existe un claro vínculo entre el maltrato animal y los homicidios, las agresiones físicas, la violación, el maltrato y abuso sexual infantil, la violencia de pareja y de personas mayores, la violencia escolar, el bullying y los tiroteos en las escuelas, pero también los delitos no violentos, como los crímenes contra la propiedad y los relacionados con armas y drogas.
CoPPA busca elevar la comprensión de la relación compleja entre la violencia interpersonal y el maltrato hacia animales, promover acciones que detengan “el ciclo de la violencia” y apoyar legislación y políticas públicas éticas y compasivas.
Infancia en riesgo, mujeres víctimas de violencia y personas de la tercera edad en situación de indefensión son algunos de los colectivos en los que centramos nuestra labor. También abordamos problemáticas, sin embargo, de otros grupos vulnerabilizados, como las personas sin hogar o las víctimas de situaciones catastróficas, entre otros.
