Aunque en los últimos años se han impulsado reformas y programas relevantes, las brechas territoriales, de género y socioeconómicas siguen condicionando el derecho a la educación de miles de estudiantes en el país.
Desde 2019, el Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN) y la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) colaboran en iniciativas orientadas a la protección, la inclusión y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, como el proyecto Creciendo sin Violencia. En este marco se desarrolla también Ponte en mis Zapatos, una propuesta centrada en promover una educación verdaderamente inclusiva para estudiantes con discapacidad.
El proyecto trabaja para mejorar la accesibilidad en los centros educativos, fortalecer el acompañamiento socioemocional y dotar a docentes y familias de herramientas que permitan responder a la diversidad del alumnado desde un enfoque de derechos y equidad.
En este contexto, resulta especialmente relevante la aprobación en 2025 de la Ley N.º 31985, mediante la cual el Congreso peruano busca garantizar el acceso a la Educación Básica Regular (EBR) y a la Educación Básica Alternativa (EBA) de estudiantes con discapacidad. La norma establece obligaciones concretas para el sistema educativo, como la reserva de vacantes mínimas por aula, la aplicación de sanciones ante su incumplimiento, el reconocimiento de la formación docente en educación inclusiva como de interés nacional y la publicación periódica de información sobre avances a través del Observatorio Nacional de la Discapacidad.
Se trata de un avance normativo significativo. No obstante, al tratarse de una ley de reciente entrada en vigor, será fundamental evaluar su implementación real y su impacto en el corto y mediano plazo.
Persisten importantes desafíos estructurales, como la falta de infraestructura adaptada, la escasez de recursos y apoyos especializados, y la necesidad de ampliar y profundizar la capacitación del profesorado para atender adecuadamente la diversidad en las aulas.
La convivencia escolar sigue siendo un eje central para garantizar el derecho a la educación. Durante 2025, el portal "SíSeVe" del Ministerio de Educación registró 19.770 casos de violencia en escuelas del país, incluyendo violencia física, psicológica y sexual. Estas cifras evidencian que miles de niñas, niños y adolescentes continúan enfrentando entornos educativos inseguros.
“Ningún niño o niña puede aprender plenamente si no se siente protegido en su escuela”, ha señalado Víctor García, representante de Plan International en Perú. Desde esta perspectiva, distintos proyectos y alianzas trabajan para prevenir la violencia, combatir la discriminación y fortalecer la participación de estudiantes, docentes y familias en la construcción de comunidades educativas seguras e inclusivas.
Iniciativas como Únete al equipo contra la discriminación o el Programa Multianual de Resiliencia Aprender sin Barreras apuestan por transformar la cultura escolar y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
A pesar de los avances en cobertura educativa, las desigualdades estructurales continúan afectando el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), solo el 84,4 % de jóvenes de entre 17 y 18 años culmina la educación secundaria, lo que limita sus oportunidades de acceso a estudios superiores y a un empleo digno.
La deserción escolar afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, especialmente como consecuencia del embarazo adolescente, las uniones tempranas, la violencia de género y las responsabilidades de cuidado. Cada día, cerca de 100 niñas y adolescentes enfrentan un embarazo, incluyendo dos menores de 14 años. A ello se suma una profunda desigualdad territorial: en las zonas rurales, menos de la mitad de los colegios públicos cuenta con acceso a agua potable y solo el 41,9 % dispone de servicios de desagüe.
Invertir en educación es invertir en equidad, prevención de la violencia y desarrollo sostenible. Perú ha dado pasos importantes en materia de cobertura, marcos normativos y programas preventivos, pero cerrar las brechas de aprendizaje, garantizar la permanencia escolar y asegurar entornos educativos seguros e inclusivos sigue siendo un desafío urgente.
Garantizar una educación de calidad, segura y libre de discriminación no solo protege los derechos de la infancia y la adolescencia, sino que contribuye a construir una sociedad más justa, inclusiva y preparada para el futuro.
