Una forma de maltrato con alta incidencia en Canarias es la que produce cuando personas adultas mayores, tras recibir el alta médica, permanecen en hospitales porque sus familias no acuden a recogerlas o no pueden hacerse cargo de ellas. El fenómeno, lejos de reducirse, se agrava con el progresivo envejecimiento de la población.
Cristina Vasallo, profesora asociada de derecho penal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha analizado esta realidad desde una perspectiva jurídica en un estudio publicado en la Revista lus Criminale. Sus conclusiones advierten que el abandono de personas mayores en centros hospitalarios encuentra un difícil encaje en el Derecho penal español vigente. Por ello, sugiere incorporar de forma expresa la condición de persona adulta mayor, de forma que la edad avanzada sea considerada de forma independiente y no subsumida únicamente en la categoría de discapacidad necesitada de especial protección.
Según datos de la Consejería de Sanidad de 2022, más de 300 personas mayores vivían en hospitales públicos canarios pese a tener el alta médica. La cifra refleja una problemática estructural que se intensifica a medida que la población envejece.
Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas se identifican tres casuísticas que explican esta realidad:
Es fundamental diferenciar los supuestos en los que la familia carece objetivamente de recursos, circunstancia que debe ser verificada por los Servicios Sociales, de aquellos en los que existe una actitud negligente: familiares con medios disponibles que no responden al requerimiento hospitalario para recoger a su pariente. En estos casos, puede presumirse un abandono consciente y carente de justificación por parte de quienes tienen obligación de cuidado.
Sin embargo, en la mayoría de estas situaciones la Fiscalía no puede intervenir, al tratarse de supuestos ajenos a los procedimientos contemplados por la legislación vigente.
Esta situación de desamparo, en especial la provocada por la actitud negligente de los familiares, tiene repercusiones negativas en la salud física, emocional y psicológica de la persona mayor. Se incrementa la incidencia de enfermedades, aparecen cuadros depresivos y se profundizan los sentimientos de soledad y abandono.
El estudio de la profesora Vasallo concluye que proteger a estas personas frente a los daños psicológicos que sufren, derivados de la desatención y el abandono por parte de sus familiares en hospitales, requiere de reformas legales específicas que permitan a la ley actuar de forma eficaz.
Además de incorporar la condición de persona adulta mayor, algunas de las propuestas incluidas en su estudio son: i) la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a las personas adultas mayores en los delitos De abandono de familiares menores o personas con discapacidad necesitadas de protección (226-233CP); ii) aclarar el concepto de asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento recogida en el artículo 226 CP, especificando que la asistencia necesaria debe ser física y emocional; iii) aclarar el concepto de maltrato de obra del artículo 143.3, en cuanto a la definición de maltrato emocional; iv) criminalizar el abandono de la persona adulta mayor cuando exista una relación familiar y de convivencia, previa al abandono en hogares o instituciones sanitarias.
El problema no es nuevo en Canarias, pero el envejecimiento de la población ha intensificado el número de personas mayores que, pese a tener el alta médica, siguen ocupando camas hospitalarias. Esto provoca aplazamientos de cirugías y saturación en las urgencias, que no pueden derivar a los pacientes a planta por falta de camas.
Ante esta realidad, las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales aprobaron una orden conjunta para facilitar la derivación de estas personas a centros “de tránsito” hasta que puedan obtener una plaza permanente dentro del sistema de Atención a la Dependencia.
Por otro lado, desde el Gobierno canario se están tomando medidas con el objetivo de reforzar las ayudas sociales para este colectivo. Se trata del proyecto piloto “Rural Domus”, presentado este mes de febrero de 2026, en el marco del convenio de cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y San Juan de Dios España. El programa busca reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores mediante la formación especializada de personas cuidadoras.
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