En septiembre de 2024 el Ministerio de Juventud e Infancia de España inició el trámite de consulta pública previa sobre el ‘Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional’. En esta primera fase de elaboración de la norma, CoPPA ha podido avanzar algunas aportaciones a esta nueva ley, que se plantea con el fin de “sistematizar, reconocer y garantizar el desarrollo integral de los derechos específicos de la población joven, tales como el derecho a la participación, los derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+, de las mujeres y contra la violencia de género, la discriminación racial, el reto demográfico y el cambio climático, entre otros”.
Más concretamente, el texto sometido a consulta contempla cuatro grandes objetivos que se pretenden abordar con esta nueva ley, a saber: derechos económicos y cobertura social; derechos democráticos y participación política; salud mental y bienestar; y crisis ecosocial y derechos de las generaciones futuras.
Ello con el fin de responder tanto al mandato del artículo 48 de la Constitución Española –que prevé la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural–, como de la normativa europea e internacional en materia de los derechos de la juventud.
A los cuatro objetivos del texto sometido a consulta, CoPPA ha sugerido añadir un quinto: la educación para la defensa de derechos y para la participación, con la consiguiente modificación de la vigente legislación en materia educativa.
Y es que además de construir mecanismos y vías para la participación, la defensa y la reivindicación de derechos por parte de los jóvenes, es indispensable garantizar que éstos disponen de las capacidades e información necesarias para poder pasar a la acción efectivamente. Es decir, se debe ofrecer una educación dirigida a promover distintas competencias como el conocimiento de los derechos de la juventud, la identificación de situaciones de vulneración de sus derechos, el conocimiento de los pasos a tomar –lugares y recursos donde informarse, personas o entidades donde acudir, plazos para hacerlo, familiarización con los trámites básicos de las administraciones públicas–, aprendizaje para la participación activa y conjunta mediante herramientas de colaboración, debate, liderazgo, escucha, solidaridad, etcétera.
“Sería un error asumir que la juventud dispone de estas habilidades, que en la actualidad no se suelen adquirir en los centros educativos y sin las cuales será difícil conseguir la efectividad práctica y real de las medidas que vayan a ser dispuestas en la futura Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional”, señala.
Dentro del objetivo relativo a “Salud mental y bienestar”, CoPPA ha instado a que esta nueva Ley incluya medidas específicas para prevenir la violencia contra las y los jóvenes, “entendiendo la violencia siempre en sentido integral, y en sus múltiples e interrelacionadas formas de expresarse”.
Así, poniendo énfasis en esa perspectiva integral, se sugiere que la ley tome como referencia los objetivos contemplados en la Estrategia de Juventud 2030, con medidas dirigidas, entre otras, a:
Por último, debido a la amenaza que los efectos de la emergencia climática suponen para los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), la tercera aportación de CoPPA en este trámite de consulta pública se ha enfocado en las obligaciones asumidas por el Estado español mediante la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño por lo que respecta al medio ambiente. CoPPA ha recordado que el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación general núm. 26, recoge un listado de obligaciones ambientales que los Estados firmantes deberían cumplir en este ámbito, que el Anteproyecto de esta ley debería contemplar también.
Además, CoPPA ha expresado la necesidad de que la futura Ley recoja medidas para proteger la actividad de jóvenes defensores de derechos humanos ambientales, y que se tomen en consideración las conclusiones del Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, donde se identifican los problemas y dificultades a los que estos jóvenes se enfrentan generalmente en el desarrollo de su labor, y que por tanto conviene tener en consideración a la hora de disponer medidas que permitan prevenirlos.
Desde CoPPA se hará un seguimiento de los avances del Anteproyecto de esta Ley, que considera muy importante y necesaria para avanzar en la consecución de los derechos de la población más joven. Educar, empoderar y proteger los derechos de la juventud es indispensable para garantizar su pleno desarrollo como individuos y como miembros activos de una sociedad capaz de dar respuesta a los principales retos a los que nos enfrentamos a nivel global.
