6 de abril, 2016
Congreso del Estado de Baja California
XXI Legislatura
México
Excelentísimos Sres. Diputados del Congreso del Estado de Baja California,
Reciban un cordial saludo desde la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), colectivo internacional de profesionales dedicados a la prevención de la violencia y a la protección de grupos y personas vulnerables.
En el marco de la reforma de la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California, por la cual se eliminaría la excepción que actualmente permite que se celebren corridas de toros y eventos taurinos, nos gustaría pronunciarnos mostrando nuestro decidido apoyo desde el convencimiento de que todo espectáculo que implique violencia real e intencional, y especialmente aquellos donde la violencia en sí es esperada y aplaudida, crean un clima social y cultural de aceptación y normalización de la violencia. Asimismo, es sabido que la victimización de otros puede tener un impacto dañino en la salud mental y en el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Como expertos y profesionales cualificados de la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la sociología y el ámbito de la defensa de los derechos humanos, no podemos más que mostrar nuestra preocupación por los efectos nocivos que la exposición a este tipo de violencia puede tener sobre los menores de edad, por lo que esta medida que supondría la abolición de estas prácticas, iría en consonancia con la protección de los menores de edad.
La literatura empírica y el conocimiento científico actual no arroja dudas sobre los riesgos que supone exponer a menores a actos de violencia presentados como espectáculos o eventos públicos, y donde los niños pueden ser testigos directos de escenas impactantes y reales de animales y humanos heridos, al mismo tiempo que presencian como sus referentes adultos manifiestan entusiasmo hacia la violencia intencional y hacia la victimización de un ser incapaz de dar consentimiento. De hecho, numerosos estudios indican de manera contundente que la participación y/o exposición de los menores de edad al maltrato animal está vinculado también a la violencia escolar y al bullying, a la violencia intrafamiliar, a la delincuencia juvenil y a los crímenes relacionados con la posesión de armas, entre otros tipos de actitudes y comportamientos antisociales o violentos.
El reconocimiento de los riesgos de exponer a niños a eventos taurinos ha conllevado, desde hace ya algunos años, que países que celebran eventos tauromáquicos hayan dado los primeros pasos para proteger a los niños de los efectos nocivos sufridos por presenciar la violencia aplaudida. En Ecuador, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia emitió un reglamento para el país por el cual prohibió la entrada de menores de 16 años a espectáculos de violencia extrema y maltrato a animales, incluyendo las corridas de toros. De la misma manera, en tres estados de Venezuela el Juzgado de Niñas, Niños y Adolescentes dictaminó la prohibición del ingreso de menores de 18 años a las corridas de toros y, siguiendo la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, los otros dos estados venezolanos donde se celebran corridas de toros, también mantienen la prohibición del ingreso de niños y adolescentes a estos eventos. Asimismo, y de especial importancia, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los niños, niñas y adolescentes participen o asistan a corridas de toros y otros eventos tauromáquicos. Estas observaciones fueron dirigidas a México, Portugal y a Colombia tras el examen del informe presentado por estos países para dar cuenta de las medidas adoptadas para proteger a la infancia en virtud de la Convención de los Derechos del Niño. En sus observaciones finales, la ONU insta además a que estos países emprendan campañas para informar sobre ”la violencia física y mental asociada a la tauromaquia y su impacto en los niños”.
Debido a su situación singular de vulnerabilidad y dependencia, el niño requiere una protección especial contra la violencia, ya que podría carecer de recursos propios, adecuados o suficientes para superar el impacto de estos eventos potencialmente traumáticos donde es testigo de agresiones y heridas impactantes y reales infligidas a animales y a humanos. Los inconvenientes psicológicos y pedagógicos de exponer a los niños y adolescentes a la violencia exhibida en los eventos tauromáquicos son innegables, y la falta de protección efectiva de los derechos de los niños y adolescentes frente a las agresiones cometidas hacia animales y humanos en dichos eventos es un asunto muy inquietante que debería ser remediado por las autoridades competentes.
Desde CoPPA consideramos esencial que entre todos promovamos medidas para reducir el impacto dañino en nuestros menores, por lo que la aprobación de esta reforma de la Ley de Protección a los Animales Domésticos de Baja California es, en sí mismo, un gran avance en materia de protección del menor de edad, al mismo tiempo que fomenta los valores sociales acordes con el rechazo a la exaltación de la violencia.
Agradeciendo su atención y restando a su disposición,
En nombre de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos:
Dra. Gabriela Cruz Ares. Médico Psiquiatra.
Psiquiatría Legal y Forense, Colaboradora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente, Médico Especialista en el Centro Estatal de Salud Mental y en Evaluaciones Forenses para el Departamento de Justicia. Investigación: intervenciones Preventivas y la Relación de la Psicopatía y la Violencia. México.
Prof. Dra. Mercedes Cano Herrera, Antropología Social.
Profesora Titular de Universidad de Antropología Social, Universidad de Valladolid. España. Directora del Máster Oficial Interuniversitario de Antropología de Iberoamérica. Universidades de León, Salamanca y Valladolid, España. Directora, Máster Oficial para Chile y Perú en Investigación Intercultural Latinoamericana, Universidad de Valladolid. España.
Prof. Maricinia Álvarez. Docente, Ciencias Pedagógicas.
Docente, Departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias Pedagógicas. Universidad de Carabobo, Venezuela. Coordinadora de la Cátedra Libre Educación para la Salud. Universidad de Carabobo, Venezuela. Anteriormente, Consejera de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Municipio Naguanagua, Venezuela.
Prof. Mateo Mario Salazar Ávalos. Psicólogo.
Ex Docente de la Facultad de Psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ex Director de la Oficina de Investigación, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Capacitador en Educación Social y Comunitaria. Psicoterapeuta Cognitivo Conductual. Investigación Científica en Agresividad y Violencia, Cambio Social y Educación Social, e Indicadores de la Salud Mental del Adolescente. Perú.
Prof. Dra. Gabriela García Laguna. Médico Psiquiatra.
Catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), México. Psiquiatra en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). México. Especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. México.
Edwin Alberto Carmona López. Psicólogo Clínico.
Psicólogo Clínico en Ciudad Don Bosco, Medellín, Colombia. Atención Psicosocial a Niños, Niñas y Adolescentes en Alto Riesgo. Colombia.
La carta en pdf: https://coppaprevencion.org/files/carta_BC_ninos_coppa.pdf
