En sus observaciones, el Comité alerta de que la violencia contra la infancia no es un fenómeno aislado, sino la expresión de desigualdades estructurales, debilidades institucionales y persistencia de patrones culturales. Por ello, insta a adoptar una estrategia integral que articule prevención, protección, justicia y reparación, con sistemas de datos sólidos y con la participación significativa de la infancia en las políticas que les afectan.
El Comité manifiesta una profunda preocupación por la magnitud del abuso sexual y la explotación infantil en Colombia, que afectan de manera desproporcionada a niñas, niños con discapacidad, niños y niñas indígenas y afrodescendientes, población LGBTI, así como a menores migrantes, desplazados o aquellos que viven en zonas rurales o afectados por conflictos armados. Alerta también sobre situaciones de violencia en entornos institucionales, como centros de protección, escuelas o lugares de privación de libertad, y subraya la necesidad de establecer un sistema nacional integral y desagregado de recopilación de datos.
Aunque reconoce la existencia de marcos normativos y políticas públicas, el Comité advierte que su impacto es limitado. Señala fallos en la prevención, en la capacidad de investigación pronta y efectiva, y en la garantía de reparación integral para las víctimas.
El Comité expresa preocupación por denuncias de tortura y malos tratos cometidos contra niños y adolescentes por parte de fuerzas del orden y actores armados. Solicita investigaciones independientes e imparciales, así como sanciones y medidas de reparación adecuadas.
Otro foco de preocupación es la violencia ejercida por pandillas y grupos criminales, así como el reclutamiento de menores en dinámicas delictivas. El Comité insta al Estado a fortalecer las medidas de prevención y protección, ampliar los programas de reintegración social mejorar la coordinación entre los distintos servicios públicos.
En cuanto al castigo corporal, pese a que está prohibido legalmente, el Comité señala que persiste en la práctica. Por ello, insiste en garantizar la implementación efectiva de la normativa mediante campañas de sensibilización, formación obligatoria para profesionales que trabajan con infancia y mecanismos de denuncia accesibles y seguros.
El documento también aborda prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en aquellos contextos donde aún se registran casos. Aunque valora avances legislativos recientes, el Comité subraya la necesidad de planes de acción efectivos, acompañados de medidas de prevención, sensibilización comunitaria y atención médica y psicológica a las víctimas.
En relación con el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, el Comité insta a Colombia a armonizar plenamente su legislación, adoptar un plan nacional específico y asegurar que el concepto de “venta de niños” sea abordado conforme a los estándares internacionales, evitando vacíos que puedan generar impunidad.
Finalmente, el Comité subraya la importancia de fortalecer los procesos de restitución de derechos para garantizar apoyo integral, adaptado a la edad y con enfoque informado por el trauma. Recomienda evitar la revictimización y asegurar que los niños y niñas víctimas no sean ubicados en entornos inadecuados, como centros que alberguen a población adulta con necesidades diversas.
Además, el Comité solicita al Estado colombiano que adopte medidas prioritarias en relación con varias de sus recomendaciones más urgentes y que informe, en un plazo máximo de cinco años, sobre los avances concretos en su implementación. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de la prevención y respuesta frente al abuso, la explotación y la violencia sexual contra la infancia, la mejora de los sistemas de protección y coordinación institucional, y la adopción de medidas efectivas para garantizar la investigación, sanción y reparación en los casos de violencia.
El pronunciamiento del Comité constituye, en definitiva, un llamado urgente a reforzar las garantías de protección y a avanzar hacia entornos seguros y libres de violencia para toda la infancia en Colombia.
