Colombia: La violencia armada sigue vulnerando derechos fundamentales en Catacumbo

2026


El foro “Catatumbo en guerra: un año de la crisis humanitaria”, celebrado el 20 de enero, volvió a poner sobre la mesa la gravedad de la situación que atraviesa esta región del noreste de Colombia, marcada por una escalada de violencia armada que sigue vulnerando de forma sistemática los derechos fundamentales de la población civil, con un impacto especialmente devastador sobre la infancia y las comunidades rurales.

El pasado 20 de enero de 2026 se celebró el foro “Catatumbo en guerra: un año de la crisis humanitaria”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, organizado por la organización Vivamos Humanos y con la participación de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, representantes de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Gobierno nacional, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, autoridades étnicas y organizaciones sociales.

Catatumbo es la región de Colombia que debe hacer frente a una de las emergencias humanitarias más graves de las últimas décadas, debido a la confrontación armada entre el Ejercito de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las cifras de violencia posicionan a Catatumbo como la región de Colombia con mayor número de afectaciones humanitarias.

Los datos presentados en el foro son indicativos de la vulneración del Derecho Internacional Humanitario, los graves impactos en la población infantil y en la libre movilidad de las comunidades rurales: más de 90.000 personas desplazadas; al menos 30.000 habitantes confinados bajo bloqueos económicos y restricciones para salir de sus territorios; más de 1.000 niñas y niños sin escolarizar debido a la suspensión de las clases, el confinamiento y la renuncia de docentes por la cercanía de los combates, quienes además sufren reclutamiento forzado; 166 homicidios.

En el foro se denunciaron también los ataques con drones explosivos, además de la existencia de campos minados en zonas pobladas, poniendo en grave riesgo a la población civil, afectando a misiones médicas y centros de salud. Todo ello supone una transgresión reiterada de las normas que protegen a la población civil en los conflictos armados y llevan a Catatumbo a los años del conflicto armado colombiano, destruyendo décadas de trabajo comunitario.

Se destacó también el desproporcionado impacto sobre la infancia de esta alarmante crisis humanitaria, niños, niñas y adolescentes que deben hacer frente a graves problemas de salud mental y al trauma psicológico.

Como acciones prioritarias a llevar a cabo se señalaron: el desminado de los entornos escolares antes del calendario académico de 2026; garantías de seguridad y fortalecimiento de la institucionalidad en zonas rurales; la elaboración de una política integral transformadora profunda, que supere la crisis estructural que padece Catatumbo debido al abandono histórico de la región. También se realizó un llamado al cese de los ataques con drones y a la liberación de los niños y niñas reclutados.

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