Abril, 2020.

Las complicadas circunstancias que estamos atravesando con motivo de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-COV-2 han supuesto la necesidad de que las administraciones públicas dirijan importantes esfuerzos para proteger a los colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas sin hogar.

Sin embargo, ante el estado de alarma decretado en España y el confinamiento obligatorio de la ciudadanía, se ha puesto aún más de manifiesto que existen algunas carencias en los recursos de asistencia y en las actuaciones encaminados a proteger a estas personas, siendo una de ellas la falta de servicios destinados a atender las necesidades de personas sin hogar que conviven con animales.

En concreto, los recursos de alojamiento temporal destinados a este colectivo no permiten que las personas sin hogar sean admitidas junto con sus animales, lo que supone que se vean obligadas a elegir entre preservar la relación que tienen con ellos o perderla para ponerse a salvo.

En este sentido, algunos equipos de profesionales que trabajan con este grupo vulnerable advierten que esto provoca que muchas personas en situación de calle rechacen los servicios de ayuda, llegando incluso a rehusar los recursos de alojamiento que se les ofrecen y a esconderse del personal de asistencia y los servicios sociales por temor a que les quiten a sus animales. Esto, además de aumentar su situación de riesgo, dificulta también el trabajo de las y los profesionales y del voluntariado, así como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se encargan de asegurar que la ciudadanía cumpla con las condiciones de confinamiento durante el estado de alarma.

Asimismo, en los casos en los que estas personas han sido presionadas a separarse de sus animales, el impacto emocional ha sido grande, conduciendo frecuentemente a un deterioro de su bienestar emocional y psicológico, que podría prolongarse una vez superada la crisis sanitaria. Este hecho, según algunos testimonios, ya se está traduciendo en problemas de adaptación a los albergues, lo que podría suponer un obstáculo en los procesos de inserción social cuando el estado de alarma llegue a su fin.

Tras constatar la necesidad de visibilizar esta problemática, buscar soluciones y trasladar propuestas, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) ha remitido una carta y un informe, basados en el conocimiento científico y de las y los profesionales que trabajan con personas en situación de calle, para ponerse a disposición de los gobiernos y administraciones locales que puedan necesitar apoyo para seguir dando respuesta a las necesidades que algunas personas en situación de calle plantean.

Carta a la Federación Española de Municipios y Provincias.

 

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