En 2023, un centenar de niños, niñas y jóvenes defensores de los derechos humanos, así como académicos, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades interesadas fueron escuchados por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, quien a partir de sus aportaciones elaboró el informe “No sólo somos el futuro”: desafíos afrontados por los niños y jóvenes defensores de los derechos humanos”.
Malala Yousafzai y Greta Thunberg son activistas jóvenes conocidas mundialmente por su labor de defensa de los derechos humanos pero, tal como destaca la Relatora Especial en su informe, la mayoría de jóvenes defensores de estos derechos trabajan frecuentemente en entornos locales y comunitarios, donde realizan acciones en favor de los demás, incluso a veces sin ser reconocidos –tanto por su entorno como por ellos mismos– como defensores de los derechos humanos.
Estos niños, niñas y jóvenes pueden actuar individualmente o en conjunto, a escala regional, nacional o internacional, por los derechos de las mujeres y las niñas, por los derechos LGTBIQ+ o por los derechos del clima, pero casi todos ellos se encuentran con impedimentos a la hora de llevar a cabo su activismo; impedimentos que suelen estar relacionados con su edad.
El informe de la Relatora Especial de la ONU analiza la situación de los niños y niñas, y jóvenes (menores de 18 y de 32 años respectivamente) defensores de los derechos humanos con el objetivo de identificar los problemas y dificultades a los que se enfrentan en el desarrollo de su labor.
Obstáculos estructurales y sociales a su activismo.- Dificultades a la hora de encontrar aliados y recursos, barreras lingüísticas y de información, problemas para acceder al apoyo jurídico que necesitan, no ser tomados en serio por las autoridades, sanciones académicas, presión familiar, retrocesos en los planes docentes en lo que se refiere a la educación sobre derechos humanos (en especial, derechos sexuales y reproductivos y derechos LGTBIQ+) son algunos de estos obstáculos.
Restricciones legales de su participación en el espacio cívico.- La Relatora Especial también señala las restricciones de carácter legal, administrativas o prácticas con las que se encuentran las y los jóvenes defensores de derechos humanos en el mundo. Así, por ejemplo: límites de edad para registrar organizaciones sin fines de lucro, para abrir cuentas bancarias o para asistir a reuniones públicas, sanciones administrativas o penales por actos pacíficos de desobediencia civil, falta de espacios donde poder expresarse libremente, ser inscritos en listas de vigilancia, excusión en entornos políticos o dificultad para acceder a ellos (debido a la dificultad para obtener visados).
Violaciones de derechos humanos que sufren como resultado de sus actividades pacíficas.- Malos tratos, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura o violencia sexual son algunas de las violaciones de derechos humanos para las que muchos niños, niñas y jóvenes defensores manifestaron sus preocupaciones y experiencias. Concretamente la situación de las niñas y jóvenes defensoras se ve agravada por la discriminación de género, como por ejemplo en aquellos países donde tienen limitaciones para viajar solas.
Tal como recuerda la Relatora Especial en su informe, la Convención sobre los Derechos del Niño recoge que niños, niñas y adolescentes deberían aprender sobre los derechos humanos por conducto de la educación (arts. 28 y 29). “La educación en materia de derechos humanos es una etapa importante a este respecto, ya que también proporciona información acerca del activismo en la materia. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un retroceso tangible de la educación en derechos humanos en algunos países”, señala.
En esta misma línea insistía CoPPA en las aportaciones remitidas a la Relatora en noviembre de 2023, en las que esta entidad llamaba precisamente la atención sobre el problema de que, sin una adecuada educación, puede ocurrir que incluso vulneraciones de derechos de la infancia no sean identificados como tales por niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de conductas o acciones socialmente normalizadas. Por ello, CoPPA destaca que: “es esencial que niños y jóvenes reciban información y formación suficiente que les permita contar con una perspectiva amplia y comprensiva de la variedad de factores y circunstancias que pueden estar comprometiendo sus derechos y, de esta manera, poder abordar su defensa y reivindicación”.
Con todo, la presencia de la infancia y la juventud en el movimiento por los derechos humanos no hace más que crecer y ganar visibilidad, y ya ha habido casos de éxito fruto de la labor de estos jóvenes activistas a quienes tendremos que agradecer en el futuro, pero a quienes también, y sobretodo, hay que cuidar en el presente, para lo cual la Relatora Especial de la ONU incluye en su informe un largo listado de recomendaciones a los Estados.
Enlace al informe: