En España, la gran mayoría de niños y niñas extranjeros se encuentran acompañados por adultos, siendo los menores migrantes no acompañados algo más de 16.000 personas. Las administraciones públicas se encargan de la tutela de estos niños, niñas y adolescentes hasta que cumplen los 18 años, del mismo modo que ocurre con los menores de edad tutelados nacidos en España. Según un estudio sobre los centros de acogimiento residencial en el ámbito de la protección de la infancia, en España existen 1.375 centros de menores y únicamente 236 son exclusivamente para migrantes no acompañados.
No obstante, en su informe de 2025 “Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados”, El Defensor del Pueblo indica que la gran mayoría de los menores migrantes, acompañados o no, se enfrenan a prácticas administrativas que no ponen en el centro su condición de menores de edad. Por ejemplo, la irregularidad documental de las personas adultas conduce a la invisibilidad de los niños y niñas a su cargo, que quedan expuestos a una situación de triple vulnerabilidad: como menores, como personas migrantes y como personas indocumentadas. Así, la identificación de todos los menores extranjeros que se encuentran en España en situación irregular constituye una pieza clave para el ejercicio efectivo de sus derechos, destacando la importancia de detectar a posibles solicitantes de asilo y víctimas de trata. Por otro lado, este informe advierte de que la normativa de extranjería no recoge de forma suficiente el enfoque de género y de infancia.
Además de los problemas que sufren los menores debido a las dificultades y carencias de los procedimientos de las administraciones públicas, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó en 2023 que más de la mitad de los discursos de odio en redes sociales se dirigen a los menores migrantes no acompañados, con un lenguaje explícitamente hostil contra ellos. Según el observatorio, estos mensajes deshumanizan y presentan a estos menores como una amenaza para la sociedad.
Frente a esta realidad, la legislación estatal, europea e internacional establece como prioritario el interés superior del menor. Así, en 2024 la Comisión Europea adoptó una recomendación orientada a desarrollar y reforzar los sistemas integrados de protección de la infancia que redunden en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Estas recomendaciones incluyen también la protección de los derechos de los niños migrantes, especialmente los derechos de los menores no acompañados y que solicitan protección internacional. Los niños migrantes y refugiados se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y necesitan protección específica y adecuada. Esta recomendación incluye “Medidas específicas para proteger a los niños migrantes”, instando a los Estados miembro a garantizar la centralidad de la protección de la infancia y la consideración del interés superior del niño en todo momento, así como la garantía de un apoyo eficaz en la transición a la edad adulta de todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados.
