El lento progreso de Ecuador contra la violencia sexual en las aulas

2024
La ONG Human Rights Watch ha realizado el seguimiento de las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno de Ecuador en el ámbito de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas.

La violencia sexual en el ámbito educativo es un grave problema en Ecuador. En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Paola, que se suicidó a los 16 años, fue violada y sufrió abusos sexuales durante más de un año por el vicerrector de su escuela. La Corte Interamericana ordenó al Gobierno del país tomar numerosas medidas para prevenir, abordar y erradicar este tipo de violencia sexual en instituciones educativas.

Entre diciembre de 2022 y junio de 2024, la ong Human Rights Watch realizó un seguimiento para evaluar las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano en este ámbito.

“A pesar de los compromisos de las instituciones gubernamentales, encabezadas por el Ministerio de Educación, la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador”, señalan los autores del informe. “Ecuador ha implementado numerosas medidas para cumplir con la sentencia, pero estas no han progresado a la escala y la celeridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes ante la violencia sexual en el ámbito educativo”.

A pesar de existir protocolos para ello, el personal escolar no siempre denuncia los casos detectados ante las autoridades. HRW identifica tres razones principales:

  • Falta de conocimiento y seguimiento de los protocolos vinculantes del Ministerio de Educación.
  • Prioridad del prestigio y la reputación de la institución educativa sobre la protección de los estudiantes
  • Escasez de personal de los departamentos de consejería estudiantil, incluidos psicólogos y orientadores.

Por falta de recursos, inexperiencia de los operadores jurídicos, escasez de fiscales en todo el país, la limitada disponibilidad de peritos para evaluar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes y la sobrecarga de trabajo “las víctimas también se enfrentan a obstáculos en el sistema judicial”, explican desde la organización. “Datos de la Fiscalía General muestran que de las 647 denuncias de violencia sexual contra docentes, personal escolar y estudiantes recibidas entre 2020 y 2022, solo 17 llegaron a juicio, lo que representa solo el 2,6 por ciento del total de denuncias. Solo un caso dio lugar a una condena durante ese período”.

“El gobierno ecuatoriano ha hecho importantes avances en la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo desde la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, debe avanzar aún más para enfrentar los desafíos, que superan significativamente los progresos actuales”, concluyen.

Human Rights Watch:Como poniendo parches. Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”.

 

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