El concepto del consentimiento como figura legal ha sido muy debatida en contextos de desigualdades de género estructurales, como la prostitución. Y es que ¿cómo puede ser libre un consentimiento que ha sido comprado? Ivana Bacik (2020) lo argumenta en su artículo “If consent is bought, it is not freely chosen“, donde propone que la idea de “consentimiento comprometido”, que en derecho penal se usa para considerar inválido el consentimiento aparente que los menores puedan dar a mantener relaciones sexuales, por ejemplo, debería extenderse a la prostitución. Porque, aunque haya sectores del feminismo que reivindican la prostitución como “trabajo sexual”, como un acto de toma de agencia y empoderamiento por parte de la mujer, otros lo equiparan a pretender aceptar la violencia doméstica o la trata a través del consentimiento. No hay que olvidar que muchos delitos lo siguen siendo independientemente del consentimiento de la víctima.
En España hay mucha demanda de sexo a cambio de dinero. Estudios indican que el 20% de la población masculina en España ha pagado por “servicios sexuales” (Meneses-Falcón et al., 2015). Para suplir esta gran demanda, el entramado de la prostitución depende en gran medida del tráfico de mujeres extranjeras, provinientes de zonas como Latinoamérica, Europa del este, África subsahariana o Asia (Center for the Study of Democracy, 2019), a quienes los traficantes prometen un trabajo en España y luego les obligan a prostituirse. En estos casos, si su situación precaria las empuja hacia la prostitución, el consentimiento no puede ser considerado como tal, y lo que resulta es una agresión sexual. Así lo afirma Pilar de Lara, jueza que llevó el Caso Carioca, el proceso judicial por explotación sexual más grande en España hasta la fecha. La magistrada lo cuenta en su entrevista con Nuria Coronado, para Geoviolencia Sexual.
A raíz del Protocolo de Palermo se estableció que para un correcto abordaje de la trata en casos de explotación sexual que tenga en cuenta a las víctimas por encima de todo, hay tres puntos clave que se deben cubrir. Esta estrategia holística se denomina la “política 3P, porque integra:
Esta aproximación victimocéntrica es crucial para de Lara, ya que la trata de personas no es solamente un fenómeno criminal, sino sobretodo una vulneración de los derechos humanos de las víctimas. Pero queda mucho por hacer en lo que atañe a la prevención de la trata y a la protección de las víctimas. Los mecanismos de atención aun son insuficientes, y además en España solo son accesibles a las víctimas que denuncian y colaboran con la Administración de Justicia, hecho que choca con la estrategia recomendada por el Protocolo de Palermo. La magistrada pone de relieve que las víctimas son víctimas independientemente de su voluntad o posibilidad de colaborar con las autoridades, y no las podemos olvidar.
Geo Violencia Sexual - Pilar de Lara, jueza del Caso Carioca: "El sistema normativo, institucional y social español es ideal para el proxenetismo".
