En su informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de expertos de la ONU centra una parte importante de sus observaciones en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, reconociendo logros normativos y avances en políticas de infancia en España, pero señalando carencias estructurales en prevención, detección e intervención.
Expresa preocupación por la falta de datos completos, especialmente sobre violencia sexual en el entorno familiar, las desigualdades territoriales en los servicios de protección, la insuficiente financiación para aplicar plenamente la legislación vigente y el aumento de casos de abuso y explotación sexual infantil, incluso en entornos de cuidado residencial. Recomienda crear una base de datos nacional integral, reforzar la coordinación interinstitucional, garantizar representación legal especializada para las víctimas y extender modelos de atención adaptados a la infancia como Barnahus.
Naciones Unidas señala áreas de especial preocupación que requieren medidas urgentes, entre ellas la violencia contra la infancia, la salud mental, la pobreza infantil, la situación de niños y niñas en el sistema de protección, la infancia migrante y refugiada, y el funcionamiento de la justicia juvenil.
El Comité alerta, entre otros aspectos, del aumento de la violencia sexual contra niños y niñas, de las desigualdades territoriales en la protección, de la insuficiencia de recursos en salud mental infantil, del impacto persistente de la pobreza y la exclusión social, y de las deficiencias en la atención a la infancia migrante y no acompañada. Asimismo, insta a España a reforzar la prevención de la violencia, la recopilación de datos, la coordinación institucional y la garantía efectiva del interés superior del menor en todas las políticas públicas.
El Comité aborda también prácticas nocivas, como intervenciones médicas innecesarias en niños intersexuales sin su consentimiento, y muestra preocupación por la participación y asistencia de menores a eventos taurinos en los que incluye no solo corridas de toros, sino también festejos populares. Así, recomienda que se establezca sin excepción la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festejos y escuelas taurinas, así como la puesta en marcha de acciones de sensibilización dirigidas a autoridades, medios de comunicación y población general sobre los efectos negativos de esta violencia en la infancia.
Desde CoPPA se destaca la importancia de que el Comité nombre explícitamente los festejos taurinos, más allá de las corridas, ya que son precisamente estos eventos los que con mayor frecuencia implican la presencia de niños, niñas y adolescentes y su exposición normalizada a la violencia, especialmente en contextos locales y festivos.
Con estas Observaciones el Comité refuerza una idea clave: la protección de la infancia frente a la violencia debe abordarse de forma integral y coherente, sin excepciones culturales ni territoriales, y en consonancia con la evidencia científica y los estándares internacionales de derechos humanos.
La entidad recuerda que, tal y como trasladó al Comité en su informe temático, exponer a niños, niñas y adolescentes a la violencia tiene consecuencias negativas demostradas en su desarrollo emocional, psicológico y social, y que la prevención de la violencia es una obligación jurídica del Estado derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño.
CoPPA anima al Gobierno central y a las comunidades autónomas a asumir de manera efectiva las recomendaciones del Comité, avanzando hacia políticas públicas que refuercen la prevención de la violencia, la educación en empatía y el respeto pleno de los derechos de la infancia.
