Río de Janeiro, Chicago y Colombia serán algunos de los ejemplos de lucha contra la violencia que se analizarán en una conferencia internacional que se celebrará en la ciudad colombiana de Cali entre el 26 y el 28 de junio, informaron hoy fuentes oficiales.
A la reunión, organizada por el Gobierno colombiano y el Banco Mundial (BM), asistirán 40 expertos internacionales en prevención del delito y la violencia, así como alcaldes de varias ciudades latinoamericanas y del Caribe.
“Chicago, Colombia y Río de Janeiro son ejemplos alentadores en América de los que podemos aprender”, explicó en una conferencia telefónica Hasan Tuluy, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
El funcionario agregó que estos “son ejemplos exitosos de programas de prevención, con la participación de la comunidad y con educación, que han logrado una reducción del crimen y la violencia”.
Para Tuluy, la conferencia será una oportunidad para intercambiar visiones e ideas sobre estos problemas, que son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la región.
Los avances en la reducción del crimen y la violencia “tienen efectos directos sobre el desarrollo, el buen gobierno, la reducción de la pobreza y la inclusión social”, explicó el funcionario del Banco Mundial, que viajará a Cali mañana para participar en el evento.
Entre otros expertos que dictarán charlas en la conferencia están Roseanna Ander, directora ejecutiva del Crime Lab de la Universidad de Chicago; el coronel Rogério Seabra Martins, de la Policía Militar de Río de Janeiro, y el general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia.
Tuluy explicó que en el encuentro “se trabajará de forma conjunta” entre los expertos e invitados para identificar “lo que ha funcionado y lo que no” de las diferentes experiencias en el continente.
El vicepresidente regional del Banco Mundial remarcó además las consecuencias que tienen las altas tasas de crimen sobre las economías latinoamericanas y citó como ejemplo el caso de Centroamérica, región a la que la actividad criminal le cuesta cerca del 8 % de su producto interno bruto (PIB).
