Agosto, 2014.
En el país no se llevan cifras de cuántas viudas, madres afectadas o huérfanos deja cada muerte violenta.Tampoco hay un programa de asistencia social psicológica para los familiares. El único número que se consiguió en un mes de investigación del equipo de ÚN fue el de 150 venezolanos que reciben asistencia terapéutica de una organización no gubernamental que los ayuda a superar el duelo desde hace seis meses.
En 2013 fueron asesinadas en Venezuela 17.962 personas, según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció a finales del año pasado la disminución de 17,3% de los homicidios, en contraste con 2012.
Psicólogos sin Fronteras-Venezuela (PSF-V) es la organización que lleva el registro de familiares víctimas de la violencia en la Gran Caracas desde este año. Realizan talleres gratuitos. Cada caso es registrado y se le hace seguimiento en consultas privadas sin costo alguno. PSF-V tiene homólogos en otros países. Nació para brindar ayuda en la catástrofe de Vargas (1999) y luego en el incendio de Amuay (2012).
Hasta el momento, 60% de los allegados de víctimas de la violencia atendidos por PSF-V son adultos y del sexo femenino. 57% reside en el municipio Libertador, 13% en Baruta, 13% en Sucre, 6% en El Hatillo y 11% en otras zonas, como Barlovento o Guarenas.
La mitad de los entrevistados manifestaron sentimientos de rabia por la injusticia, tristeza, ansiedad, insomnio, culpa y algunas patologías relacionadas con la salud, como malestar estomacal, retención de líquido, fatiga o hipertensión. Un porcentaje menor del grupo experimentó con bebidas o drogas.
María Isabel Parada, vicepresidenta de PSF-V, explicó que la mayoría de los entrevistados han aceptado la muerte del ser querido sin admitir la impunidad.
Ninguno de los casos que ha tratado la organización ha sido resuelto por los organismos de seguridad. “Existe el agravante de que varios de los homicidas viven en la misma zona donde reside la familia afectada. Muchos de los allegados del fallecido han sido amenazados y se han tenido que mudar del sector por temor a que los asesinos acaben con otro miembro del clan”, aseveró Parada.
Otra pregunta recurrente es qué hacer con las fotos del fallecido o su vestimenta. “Les recomendamos guardar las imágenes, pero es prudente donar la ropa del muerto”, afirmó la especialista.
Se observa en los tratamientos que el hombre (hermano, padre o abuelo) que acompaña a la mujer no muestra sus sentimientos y siempre se expresa: “Ayúdela a ella”.
“No podemos quedarnos indiferentes ante esta realidad. No todo el mundo tiene dinero para pagar una consulta privada con un terapeuta. Debemos luchar para crear resiliencia (capacidad para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas). Todo lo que podamos hacer para construir una sociedad sana hay que hacerlo. Somos especialistas y donamos nuestro trabajo. Además de aprender, formamos a otros. No olvidemos que, aunque hay atención psicológica en todos los hospitales, las citas las dan cada dos meses o más. A veces estos casos no pueden esperar”, aseguró la especialista.
Única. La única ley que ya existe para indemnizar a los familiares víctimas de la violencia la tiene el Gobierno de Colombia: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1.448 de 2011), que reconoce a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario por el conflicto armado interno que mantiene el país.
De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), una tasa por encima de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes se considera una epidemia.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera la violencia un problema de salud pública. En 1993, durante el 37º Consejo Directivo, se aprobó una resolución para instar a los gobiernos de los Estados miembros aestablecer políticas nacionales y planes para la prevención y el control de la violencia.
