La violencia sexual en Perú continúa siendo un problema grave y persistente que afecta transversalmente a mujeres de todas las edades, incluyendo niñas, niños y adolescentes. La información reciente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) evidencia una combinación preocupante de alta incidencia, tolerancia social y una respuesta institucional todavía insuficiente frente a la magnitud real del fenómeno.
Durante el año 2025, los CEM atendieron 13.096 casos de violación sexual contra mujeres adultas, lo que equivale a un promedio de 35 casos diarios. A esta cifra se suman 21.609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, mostrando que este tipo de violencia se extiende a lo largo del ciclo de vida.
Entre enero y junio de 2025, los CEM reportaron 6.677 casos de violación sexual, de los cuales el 61,6 % correspondió a niñas y adolescentes mujeres de 0-17 años. Datos ampliados hasta septiembre de 2025 registran más de 16.120 casos de violencia sexual contra menores de edad, siendo el 93,4 % de las víctimas niñas y adolescentes mujeres. Además, encuestas y estadísticas oficiales señalan que miles de niñas han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir 12 años, mostrando la magnitud y persistencia del problema. El MIMP advierte que estos números representan únicamente los casos que acceden a atención institucional, por lo que existe un amplio subregistro asociado al miedo, la vergüenza, la dependencia económica y la desconfianza en el sistema de justicia.
Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran la tolerancia social hacia la violencia sexual y la revictimización de las víctimas. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 del INEI indica que el 56,5 % de los adultos justifican la violación sexual en al menos una circunstancia, responsabilizando a la víctima por su comportamiento, vestimenta o consumo de alcohol. En regiones como Junín, Ayacucho y Loreto, estos porcentajes alcanzan niveles cercanos al 80 %. Estos patrones culturales normalizan la violencia sexual, desplazan la responsabilidad del agresor y refuerzan la impunidad. Esta tolerancia se refleja también en el tratamiento público de casos de alto impacto mediático, donde comentarios machistas y misóginos en redes sociales y medios tienden a minimizar los hechos o cuestionar a las víctimas, afectando tanto a mujeres adultas como a adolescentes y jóvenes.
Solo alrededor del 29 % de las mujeres que sufren violencia acude a alguna institución en busca de ayuda, mientras que más del 70 % no denuncia, evidenciando la magnitud del subregistro y los obstáculos para acceder a la protección institucional.
Entre 2013 y 2024, se registraron avances en la reducción de la violencia física y psicológica en los ámbitos familiar y escolar, así como un desplazamiento hacia prácticas de crianza menos violentas. Sin embargo, la demanda de atención institucional para menores de edad se incrementó significativamente: los CEM registraron 15.579 casos en 2014, cifra que aumentó a 63.488 en 2024, incluyendo violencia física, psicológica y sexual en menores de 0-17 años. Este aumento refleja tanto la mayor visibilidad y acceso a los servicios como la persistencia de la violencia sexual, especialmente contra adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la ejercida por la pareja íntima. Persisten casos de relaciones sexuales forzadas y actos sexuales sin consentimiento, mostrando que los avances alcanzados son aún frágiles y desiguales.
Frente a este escenario, el Estado peruano ha implementado diversas acciones, como campañas de prevención, la ampliación de la red de CEM, la Línea 100 y servicios de atención integral. Sin embargo, especialistas y organismos internacionales coinciden en que estas medidas deben fortalecerse mediante enfoques multisectoriales y preventivos, que incluyan educación en igualdad de género, transformación de normas sociales, fortalecimiento del sistema de justicia y servicios de atención oportunos y sensibles a las víctimas.
En síntesis, la violencia sexual en Perú permanece como un problema estructural, caracterizado por altos niveles de incidencia, tolerancia social y subregistro. Si bien existen avances parciales en la reducción de algunas formas de violencia, la persistencia de discursos que justifican la agresión sexual y la creciente demanda de atención institucional evidencian la necesidad urgente de políticas más sólidas y sostenidas que garanticen la protección de los derechos y la integridad de mujeres, adolescentes y de la población en general.
Fuentes:
Resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 - ENARES
Diario Voces: Seis de cada diez peruanos justifican la violación sexual, según encuesta del INEI
